Por Cynthia Fernandez of Spotlight PA

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HARRISBURG — En junio de 2018, un oficial de policía disparó y mató a Antwon Rose II, un adolescente negro desarmado, en un pequeño distrito en las afueras de Pittsburgh.

La muerte de Rose provocó protestas, el arresto del oficial, y un paquete de proyectos de reforma policial introducidos por los demócratas, legislación que no logró progresar en el poder legislativo estatal controlado por una mayoría republicana.

Ahora, dos años después, las protestas han vuelto a estallar en toda Pensilvania y en la nación exigiendo justicia para George Floyd, un hombre negro de Minnesota que murió después de que un oficial lo sometiera con la rodilla presionada al cuello durante casi nueve minutos.

La muerte de Floyd también ha reavivado el llamado de los legisladores de Pensilvania para que se modifique la ley sobre fuerza letal del estado y la vigilancia policial. Pero sin el apoyo de los legisladores republicanos, muchas de estas medidas no tienen posibilidad de llegar al gobernador Tom Wolf.

“La rodilla sobre George Floyd representa la rodilla que tienen sobre el cuello muchas personas negras y de color en todo nuestro sistema”, dijo el martes el representante Jordan Harris (D., Filadelfia), miembro del Caucus Legislativo Negro de Pennsylvania. “Con demasiada frecuencia queremos que se vengan a sentar a nuestra mesa para que escuchen promesas vacías y no obtengan la justicia y equidad que merecen”.

El martes, un grupo de demócratas del estado y legisladores locales de Filadelfia propusieron docenas de reformas en relación con el entrenamiento, la disciplina y la supervisión policiacas. El plan pide a la legislatura específicamente prohibir que los policías agarren a los detenidos del cuello, que se proporcione acceso a imágenes de las cámaras corporales a través de la ley de registros abiertos del estado, y crear una junta de supervisión para certificar a los oficiales.

Estos legisladores también están presionando a Wolf para que le ordene a la policía estatal crear y mantener una base de datos de acciones disciplinarias y quejas presentadas contra los oficiales, una idea propuesta por primera vez después de la muerte de Rose.

“No podemos abordar el tema si ni siquiera se sabe dónde está ocurriendo y qué está pasando”, dijo Harris. “Sabemos lo que ha estado sucediendo durante años. La única diferencia es que ahora todos tienen un teléfono con cámara y pueden grabarlo. Pero si no tenemos los datos, no lo podemos abordar”.

Los oficiales implicados en las muertes de Floyd y Rose tenían ambos un historial de acciones disciplinarias. El oficial de policía de Minneapolis, Derek Chauvin, tenía 18 denuncias en su contra , aunque las autoridades locales no dieron más detalles. Michael Rosfeld, el oficial que disparó a Rose tres veces mientras huía de la escena, fue acusado de detener injustamente  a dos hombres cuando era oficial en la Universidad de Pittsburgh, lo cual resultó en su despido. (Rosfeld está demandando a la escuela).

El líder de la minoría del Senado Jay Costa (D., Allegheny) dijo que el pequeño departamento municipal que contrató a Rosfeld no tenía conocimiento de los incidentes anteriores.

“No sabían de sus antecedentes en cuanto a la razón por la que fue despedido, ni de las reprimendas o suspensiones”, dijo.

Tras la muerte de Rose, Costa propuso un proyecto de ley que buscaba crear una base de datos sobre acciones disciplinarias y exigir capacitación adicional y exámenes de salud mental para los oficiales. Una versión de la medida introducida al principio de esta sesión legislativa ha permanecido en el comité sin audiencia desde marzo de 2019.

“Por desgracia, no hemos podido lograr el liderazgo para hacer avanzar el proyecto de ley”, dijo. “Espero que a la luz de las protestas esta gente reconozca que estas medidas son importantes, razonables y responsables. Solo consisten en capacitar y mantener información.”

Harris estrenó el martes una nueva táctica: evadir la legislatura y pedirle directamente a Wolf que le ordene a la Policía Estatal crear la base de datos. Un portavoz del gobernador dijo que “apoya los conceptos esbozados por los líderes electos”.

“Durante las reuniones de ayer en Filadelfia con los líderes de la comunidad y los funcionarios electos, el gobernador habló de muchas de estas políticas, así como de políticas públicas relacionadas con la educación y la financiación de las escuelas, el acceso a la atención médica, y la asistencia empresarial, que ayudarían a atacar las grandes disparidades sistemáticas”, dijo el portavoz Lyndsay Kensinger en un correo electrónico.

El paquete de reformas revelado el martes también pide a la legislatura que “elimine la realización de un arresto como causa que justifica el uso de la fuerza letal”.

La ley estatal otorga a los oficiales de policía amplia discreción para hacer uso de la fuerza letal, incluso cuando creen que un sospechoso ha intentado cometer o ha logrado cometer un delito grave por la fuerza, y que la fuerza era necesaria para completar el arresto. Rosfeld fue absuelto en la muerte de Rose después de que un experto de la defensa testificara que las acciones del oficial estaban justificadas, aunque el adolescente estuviera completamente desarmado.

Aunque la ley estatal establece las circunstancias en las que un oficial puede usar la fuerza letal, no todos los departamentos tienen una política escrita sobre cómo debe usarse, incluyendo el que empleó a Rosfeld cuando disparó y mató a Rose.

“Una de las verdades más escandalosas que se han hecho evidentes tras los recientes tiroteos en los que participó la policía a nivel local es que las municipalidades y sus departamentos policiales tienen pocas o ninguna política que guíe las decisiones que la policía tiene que tomar en su línea de trabajo”, escribió Costa en un memorando en el que solicitaba el apoyo de sus colegas para trabajar en una medida que obligara a los organismos policiales a adoptar una política de uso de la fuerza.

Pero al igual que su proyecto de ley sobre la base de datos, la legislación sobre el uso de la fuerza ha estado en el comité durante más de un año. Y como cualquier pieza de legislación que llega al escritorio de Wolf, estas medidas de reforma necesitan el apoyo de los republicanos para avanzar.

Los proyectos de Costa están en el Comité de Ley y Justicia del Senado, presidido por el Senador Patrick Stefano (R., Fayette). Su oficina no respondió a las solicitudes de comentarios.

Un portavoz de los republicanos del Senado dijo que el caucus “dependería del proceso del comité para explorar completamente” cualquier legislación de reforma.

Un portavoz del caucus republicano de la Cámara de Representantes no respondió a la solicitud de comentarios al cierre de la edición. En una declaración anterior, el Presidente de la Cámara de Representantes de Pensilvania Mike Turzai (R., Allegheny) calificó la muerte de Floyd de “depravada y sin sentido”, y dijo que el estado debería “continuar promoviendo el acceso a la educación y las oportunidades económicas para todos”.

Costa está acostumbrado a que los proyectos de reforma queden estancados en el comité, aunque tiene la esperanza de que las recientes protestas llamen la atención “sobre la necesidad de esta legislación”.

“Estos incidentes ocurren y luego protestamos. Hablamos de ello, y luego pasa el tiempo y nos olvidamos”, dijo. “Tenemos que romper ese ciclo y tenemos que asegurarnos de que estas conversaciones se lleven a cabo”.

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